La nueva escalada judicial portuaria incluye al presidente de Canarias

Una filial que tiene en el puerto de Las Palmas Boluda ha colocado al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en la nueva escalada de tensión por la decisión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de abrir el negocio de los remolcadores a la empresa canaria del grupo que forman Fairplay Towage y Bugsier.

Un juzgado de Las Palmas ha admitido a trámite una denuncia contra Puertos del Estado y Puertos de Las Palmas por la decisión del consejo de da licencia a Fairplay Towage. En ese consejo de admistración estaba sentado un representante de la propia Boluda a través de una patronal portuaria.

La denuncia ubica al expresidente de Puertos de Las Palmas con José Llorca y a funcionarios como Leandro Melgar, José Antonio Morillo-Velarde por partipar en un sistema para perjudicar a Boluda «ignorando un informe de la Dirección General de la Marina Mercante, en el que se alertaba de que la oferta no cumplía los requisitos de seguridad necesarios».

La demanda asegura que Llorca retuvo «el expediente durante más de un año, para ralentizar la tramitación, y de otra parte, se hace una interpretación de su contenido que lo desnaturaliza y se inventa algo que no dice el informe».