Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional han destapado en la provincia de Las Palmas un fraude a la Seguridad Social superior a los 17 millones de euros llevado a cabo por un grupo de empresas, con una filial en Panamá, que no abonaban sus propios seguros sociales ni los de sus trabajadores. Un administrador y sus tres hijos dirigían una mercantil dedicada al comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios, facturando con sus clientes importantes cantidades de dinero; sin embargo, esta empresa impagaba de forma sistemática y continuada las cotizaciones a la Seguridad Social, sin que consten solicitudes de aplazamientos ante la Tesorería General, ni intentos de regularización de la deuda, sino que realizaba todo lo contrario para evitar satisfacerlas creando otras empresas para desviar su patrimonio.
Incluso, crearon a través de testaferros una sociedad en Panamá, sin ningún objeto social ni actividad en este país, con el único fin servir de instrumento social para operaciones financieras, con aportación inicial de participaciones, créditos y obligaciones del propio grupo empresarial.
Las empresas que formaban este grupo empresarial, dirigidas siempre por el mismo núcleo familiar, eran utilizadas para realizar entre ellas una elevada facturación cruzada y desviar los ingresos recibidos, evitando el pago a acreedores, así como otras operaciones para descapitalizar la mercantil principal ante un inminente concurso de acreedores, entre las que se encuentra la transmisión fraudulenta de bienes y derechos a la sociedad panameña.
Dentro del propio grupo empresarial y con el fin de desviar el dinero, se llevó a cabo la compraventa de un buque por importe de 5,6 millones de euros, siendo la empresa principal la que adquirió este buque a una empresa uruguaya que en realidad pertenece al mismo grupo. La empresa principal figuró en concurso de acreedores, con un alto crédito reconocido pero a pesar de ello, el administrador subió el ‘Concepto Retribuido Abonado’ a sus tres hijos en base a un contrato verbal y un concepto ‘plus personal absorbible’ siete veces superior al salario base percibido y no por exigencia del Convenio Colectivo o contrato laboral escrito, permitiendo a cada hijo percibir cerca de 10.000 euros mensuales durante varios años.
La Policía Nacional ha podido determinar la participación delictiva de al menos 46 personas. Se trata de un mayorista de pescado. La llamada operación ‘Paloma’ se desarrolló en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y estuvo dirigida contra el fraude a la Seguridad Social en sectores tan diversos como la hostelería, la comercialización textil, el comercio al por mayor de pescado, los servicios inmobiliarios o la construcción y reformas.
Las investigaciones comenzaron en noviembre de 2019, tras recibir varias comunicaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social en las que se requería la actuación policial ante las diversas actuaciones presuntamente irregulares llevadas a cabo por los administradores de distintas empresas con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social. Estas empresas se encontraban ubicadas en los partidos judiciales de Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Telde, Arrecife y Puerto del Rosario.
Los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni los de sus trabajadores, incrementando así el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social, llegando también a permitir el cobro fraudulento de prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores se comprobó que en todos los casos se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, creando sucesiones empresariales opacas y empresas pantalla que ocultaban los beneficios y los bienes de las sociedades investigadas.
Los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal han podido determinar la participación delictiva de 46 personas físicas, siendo principalmente los administradores de hecho de las empresas, sus testaferros o personas interpuestas, trabajadores que figuraban en connivencia, así como familiares de los primeros, siéndoles imputados los delitos contra la seguridad social (fraude de cotizaciones), frustración de la ejecución, fraude a la seguridad social (prestaciones), estafa procesal e insolvencia punible.
En otra de las investigaciones desarrolladas, un administrador constituyó a su nombre una empresa dedicada a la construcción de edificios residenciales, pero a su vez utilizó como testaferros a trabajadores sin cualificación ni recursos para la constitución de nuevas empresas que él mismo dirigía, siendo utilizadas para desviar los ingresos generados sin abonar las deudas generadas por las predecesoras. También, utilizó las cuentas bancarias de la empresa creada por su pareja sentimental para desviar los ingresos recibidos. En el pago de proveedores utilizó indistintamente los Códigos Cuenta de Cotización (CCC) y Códigos de Identificación Fiscal (CIF) de las empresas aunque hubieran cesado su actividad, provocando una gran confusión entre las empresas clientes y proveedoras.
Con el fin de lograr la declaración de insolvencia de las empresas ante el Juzgado de lo Mercantil, provocó deliberadamente la alteración de la contabilidad de las empresas concursadas al desviar la facturación al propio administrador como empresa y posteriormente a las empresas constituidas dirigidas por él mismo pero en las que figuraban testaferros, para continuar su actividad.
