La influencia de estibadores en la CEOE de Las Palmas ha puesto patas arriba los equilibrios de poder en la patronal y generar un efecto en cadena grave en el debate que existe sobre la apertuar del negocio portuario. La posición antinatura de Federport, la organización empresarial que lidera Boluda en Las Palmas de no apoyar a un empresario para sí defender la teoría de bloquear la liberalización, se produce cuando se está negociando la apertura de la mano de obra portuaria en España.
Fuentes empresariales en Las Palmas indicaron que «con estos cruces de intereses ahora se explican muchas cosas de los líos que los inversores tienen en Canarias para entrar», indicó una fuente empresarial, que agregó: «que entidades empresariales se sumen a tesis conservadoras de estibadores solamente se podrían comprender en el franquismo con el sindicato vertical».
Cuando Puertos de Las Palmas abrió el negocio de los remolcadores al capital alemán representado por Fairplay Towage Fedeport, que es la patronal de patronales que tiene estibadores integrados como empresarios y defiende los intereses de Boluda, sentenció: «debe prevalecer, como en cualquier actividad económica, la defensa del interés general de manera que favorecer la competencia no dé paso a supuestos de competencia desleal». En 2015 el sindicato derechista de estibadores de Las Palmas llevó la pelea judicial contra Gramelcan (Yecasa) para obligarla a comprar los servicios profesiionales a estibadores. hora, tras la derrota democráticas en el puerto de Las Palmas ha amezanado como se sabe: movilizaciones en la calle como trabajadores y en los despachos como empresarios.
En la CEOE la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) ante las centrales sindicales de la estiba defiende un procedimiento para negociar e implantar las mejoras operativas en cada puerto; definición y materialización del alcance del plan de prejubilaciones por puerto, y garantías en la continuidad del empleo al colectivo de trabajadores actuales, tras concretarse los puntos anteriores. Anesco en 2017 decía en un comunicado que no cedía en cuanto al procedimiento de negociación y suprimiéndose las cuestiones que pudiesen tener problemas de legalidad, según lo advertido en los informes jurídicos previos.
