La noticia desvelada este lunes por Puertos928 de la existencia de mano de obra extranjera cubriendo puestos de empleo de baja cualificación en empresas de reparaciones navales del Puerto de Las Palmas ha llamado la atención a las autoridades laborales. Al margen del papel de Capitanía Marítima, el Ministerio de Trabajo ha creado una unidad especial de coordinación de lucha contra el fraude en el trabajo transnacional para garantizar unas condiciones mínimas a los trabajadores extranjeros desplazados. Desde este mes de noviembre se lanza una campaña de acoso a irregularidades.
El impulso que Trabajo ha decidido lanzar sobre la mano de obra extranjera no cualificada se realiza al margen de la nueva unidad se integra en el organismo estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y está adscrito a la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude. Su objetivo será coordinar todas las acciones que desarrolla la Inspección de Trabajo relacionadas con la movilidad laboral, la lucha contra el fraude en el trabajo transnacional y el trabajo no declarado en la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio, en los casos de movilidad intraeuropea en los que España sea el país de origen o el de destino.
La mayor dificultad que se tiene actualmente es el veto que el sindicato derechista de portuarios, que representa el 10% de la plantilla del Puerto de Las Palmas, ejerce sobre los grupos de interés que veta la llegada de centrales a empresas hasta el punto que al tiempo que es sindicato es organización empresarial. En empresas con presencia de extranjeros en reparaciones navales no hay comité de empresa que no sea medio amarillo. Ni CC.OO y UGT se atreven a entrar en el circuito del sindicato conservador de estibadores.
Para llevar a cabo su cometido, esta unidad llevará a cabo el intercambio de información y cooperación administrativa con otros Estados de la Unión Europea a través de los Sistemas de Información del Mercado Interior y de Coordinación de Sistemas de Seguridad Social, o por cualquier otra vía establecida mediante acuerdo o convenios con otros Estados.
La creación de la unidad favorecerá la lucha dirigida a que los empleadores que desplacen temporalmente a España sus trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional garanticen a éstos «determinadas condiciones mínimas de trabajo previstas por la legislación española». Y, por otro lado, igualmente favorecerá el respeto de dichas condiciones mínimas de trabajo a los trabajadores de empresas españolas que se desplacen al exterior en el marco de una prestación de servicios transnacional.
