Caso práctico cuando te estafan con la venta de pescado en Mauritania

Fernando Martínez Sanz, abogado director de Credilex Global Recovery, ha apuntado la necesidad de ser muy perseverante a la hora de operar en Mauritania. Martínez Sanz apuna el caso más reciente de cliente que era un empresario dedicado a la importación de pescado desde este país, que acababa de tener una mala experiencia con una compraventa de pescado congelado. A juicio de Martínez, «no hay que dejarse llevar por los prejuicios de país (pues hasta en los lugares más recónditos puede funcionar la justicia); de otra, que no hay batalla más dolorosa que la que no se libra» y agrega: «en los asuntos internacionales no siempre hay que temer a las jurisdicciones desconocidas o pensar, por sistema, que nos iría mejor litigando en casa o por medio de un arbitraje internacional». El letrado recuerda que «el propio cliente era muy reacio a litigar en aquel país, pues por experiencias previas desconfiaba del funcionamiento de la justicia mauritana y dudaba mucho de que un comprador extranjero pudiera llegar a salir con bien de un litigio allí». apunta en Confilegal.

Expuestos de modo muy resumido, los hechos fueron los siguientes: en ejecución de una compraventa internacional de diversas partidas de pescado, el cliente efectuó, en noviembre de 2014, dos cuantiosas transferencias, a la cuenta bancaria de la SMCP (Société Mauritanienne de Commercialisation de Poissons) en un banco mauritano. SMCP es una sociedad mixta (de capital prevalentemente público), que goza, en aquel país, del monopolio en la exportación de pescado congelado, de forma que todas las compras internacionales que se efectúen de productos de la pesca mauritana han de pasar por dicho organismo, que vendría a jugar un papel de verificador y “confirmador” de las operaciones.

Fue la SMCP la que recibió el precio del comprador español, para posteriormente abonárselo al vendedor, tras verificar que la compraventa se había realizado de conformidad con lo pactado. Tras comprobar en destino que el producto no se ajustaba a lo acordado, el cliente contactó de inmediato con la SMCP para exigir la devolución del precio satisfecho. La SMCP dio su visto bueno a la devolución de los “swifts” bancarios, y el cliente solicitó, en consecuencia, al banco mauritano la anulación y consiguiente retrocesión de las transferencias realizadas.

«A partir de aquí es cuando realmente surgen los problemas, pues la entidad financiera mauritana no procedió a la devolución de los “swifts”, momento en el que el cliente nos contrató, inicialmente sólo para efectuar la reclamación en vía extrajudicial (por las reticencias ya mencionadas sobre el funcionamiento de los tribunales mauritanos)», apunta. La reclamación extrajudicial se llevó a cabo durante un plazo de dos meses, mediante envío de una carta de reclamación al banco, con copia a la SMCP y al Banco Central de Mauritania. Tras su recepción, la SMCP ordenó nuevamente al banco mauritano la devolución de las cantidades a nuestro cliente.

Sin embargo, el banco respondió que el dinero había sido transferido al vendedor, por lo que ya no disponía del mismo, y que por lo tanto no era responsable de su devolución. La alegación, según nuestro abogado, no se sostenía, puesto que la entidad financiera no debería haber transferido el dinero de nuestro  cliente a la parte vendedora, hasta recibir el visto bueno de la SMCP. La demanda frente a la entidad financiera se presentó en Nouakchott en el mes de julio de 2018, celebrándose la primera vista tan solo tres meses después, en octubre de ese año. «El demandado no compareció a la primera vista, y nuestro despacho local solicitó que se dictara sentencia en rebeldía. El tribunal admitió la solicitud, y señaló vista para sentencia el día 21 de noviembre de 2018».

Aunque la demanda fue desestimada en primera instancia, la misma fue objeto de recurso de apelación (que quedó presentado el 27 de noviembre de ese mismo año 2018). Llama la atención que, teniendo el escrito sólo 9 páginas, nuestro despacho local se excusara por su extensión. Como puede verse, la primera instancia se agotó en un plazo de 4 meses, de los cuales dos eran meses de verano.

La primera vista de apelación se celebró en febrero de 2019. De nuevo, el banco demandado no compareció, y a través de nuestro despacho local solicitamos que se dictara sentencia sin más trámite. El tribunal admitió la solicitud, y señaló vista para sentencia en el mes de marzo. «El recurso de apelación fue estimado íntegramente, y se condenó al banco demandado al pago de 130.000 euros a nuestro cliente». La fase de apelación por lo tanto concluyó en 4 meses.

Una semana después, el demandado había presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La primera vista de casación se celebró el 21 de noviembre de 2019, y se dictó sentencia el 26 de diciembre de mismo año, esto es, en un plazo de 9 meses desde la interposición del recurso. El recurso fue desestimado, confirmando la sentencia del tribunal de apelación. El despacho local tuvo que negociar durante varios meses con el banco mauritano, para lograr la ejecución voluntaria de la sentencia. Finalmente, se alcanzó un acuerdo para el pago aplazado del principal.

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