Sindicato conservador de estibadores rechaza que Yecasa sea libre para contratar

La central derechista de estibadores de Cetmar ha recurrido a los tribunales para impedir que la empresa especializada en gestión de graneles Yecasa se establezca por su cuenta y sea libre de contratar a los trabajadores que quiera. Esta medida forma parte del pulso que el sindicato conservador, que se aprovecha del marco de protección laboral del franquismo, para frenar la liberalización de la mano de obra. Los estibadores en Las Palmas cobran sobre 8.000 euros mensuales de salario. Esa carga salarial se repercute sobre los precios al consumo entre las clases más humildes dado que los movimientos de reexportación tienen otras tarifas. Manejan fondos en proyectos Interreg y tienen una patronal propia que se sienta en la CEOE de Las Palmas ‘en UTE’ con socios de capital griego.

En un texto para presionar a las empresas del sector se apunta que la medida de Yecasa de contratar directamente va contra la norma «por entender que se ha podido incurrir en un delito de falsedad documental que determinaría la nulidad de pleno derecho de las tres resoluciones aportada por la mercantil Yecasa en dicho procedimiento» y «concretamente de las resoluciones del organismo público de Puertos del Estado que se dictaro en tres expediente de Solicitud de Homologación de jornadas de servicio portuario de manipulación de mercancías».

La organización derechista espera que con sus presiones comience a ceder el resto de la clase política en cascada y se frenen las medidas de generación de empleo en ámbitos cercanos en donde opera Yecasa en el Puerto de Las Palmas, sureste grancanario. Durante la pandemia el puerto de Algeciras (Cádiz), el más importante de la España continental, debió detener totalmente su actividad de estiba y desestiba durante un turno ante la falta de disponibilidad de los cerca de 1.800 trabajadores de su plantilla. Esta ausencia se produjo después de que representantes de los trabajadores y de la dirección de las empresas estibadoras y del CPE no llegasen a un acuerdo para reforzar las medidas de igiene para minimizar la expansión del COVID-19.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el Acuerdo Marco de la Estiba. Esta consulta suspende el procedimiento sancionador incoado en noviembre de 2017. La estiba ha gozado desde el Real Decreto 2/1986 de un régimen especial que establecía una reserva de actividad, que implicaba contratación prioritaria y exclusiva de trabajadores vinculados a las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP). El acuerdo se articulaba a través de un convenio colectivo y las empresas estibadores estaban obligadas a ser accionistas de dichas entidades de gestión.

Veintiocho años después, la sentencia del TJUE de diciembre de 2014 declaró el incumplimiento del Reino de España al considerar este régimen contrario a la libertad de establecimiento que garantiza el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Para dar cumplimiento a la sentencia, el Gobierno aprobó el RD-ley 8/2017 que establecía la plena libertad de contratación de los trabajadores y eliminaba la obligación de las empresas estibadoras de participar en las SAGEP. Esto suponía la necesidad de modificar el IV Acuerdo Marco suscrito por Anesco, en representación de las empresas del sector, y por los sindicatos CETM, UGT, CCOO y CIG en julio de 2013.

Los operadores y los sindicatos llegaron a un nuevo acuerdo (que se publicó como convenio colectivo). En él introdujeron una serie de obligaciones comerciales entre operadores que iban más allá del ámbito de la negociación colectiva y de las previsiones contempladas en el citado RD-ley. La CNMC consideró que podía suponer una restricción al derecho de separación y libre competencia, por lo que inició un expediente sancionador (S/DC/0619/17). Antes de finalizar la tramitación de dicho expediente, el Gobierno aprobó el RD-ley 9/2019. Dicha norma podría tener un efecto retroactivo, dado que otorga de nuevo a los agentes sociales la posibilidad de establecer mediante acuerdos una subrogación obligatoria de las empresas estibadoras en el personal de la SAGEP.

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